El título de “doctrina social de la Iglesia” se refiere a las enseñanzas de la Iglesia del cómo el cristiano católico debe actuar frente a los problemas sociales. Esta doctrina es aprobada oficialmente por los papas, concretamente desde León XIII, con su encíclica Rerum novarum (1891) hasta Juan Pablo II, con la Centesimus annus (1991). Esta tradición de la doctrina de compromiso social tiene su fundamento en la Sagrada Escritura, en la tradición de los profetas, pero sobre todo en Jesús con su anuncio del Reino de Dios. Y esto le traerá como consecuencia para su persona las barbaries judías, inclusive su muerte.Después, los apóstoles anuncian la muerte y resurrección de Jesús, pero sin descuidar su mensaje central: la conversión, “el amor fraterno, la justicia, la liberación efectiva de la codicia de riquezas, el reparto de los propios bienes, la comunidad de corazones, la igualdad y fraternidad”[1]. Sin embargo, al no cumplirse las expectativas evangélicas de los apóstoles, el mensaje del Reino fue quedando en la sombra. Pero esto responde a la condición de la Iglesia, en sus inicios dominada por los ricos.
Ya después, con la paz constantiniana, podemos ver que la favoreció en cuanto a que se pudo anunciar el evangelio abiertamente, pero que hace mucho daño a la Iglesia en cuanto a que se establece un conformismo excesivo en la jerarquía eclesiástica. Este “matrimonio” con el Estado trajo consecuencias nefastas para la Iglesia, sobre todo a la hora de anunciar el mensaje evangélico y la doctrina social con un espíritu profético. Sin embargo, habrán personajes como Basilio el Magno, Gregorio de Nisa, Ambrosio de Milán y Juan Crisóstomo, para quienes “la voluntad de de Dios es que los bienes materiales estén repartidos entre todos”[2], puesto que Dios ha hecho la tierra para todos. Por tanto, es injusta su desigual distribución de la riqueza. Lo que reclamaban estos padres era una justicia social solidaria y la humanidad de las personas.
Esta tradición sobre distribución de los bienes con justicia es transmitida por los padres y llega hasta los medievales a través de las Etimologías de Isidoro de Sevilla. Pero esto a los medievales les trajo problemas, puesto que en dicha época estaba de “moda” la propiedad feudal. Inclusive la situación de la propiedad privada se fundamentaba desde la “naturaleza y el derecho natural”. Así se hablaba entre los medievales, pero Tomás de Aquino modificará esta posición, ya que según él, “la comunidad de bienes es de derecho natural”[3]. Y en ese sentido el derecho natural no establece la propiedad privada. Sin embargo, si se trata de ver desde la licitud, sí se considera lícito que el hombre tenga propiedades, pero Tomás dirá que el “hombre no debe tener las cosas externas como propias, sino como comunes: esto es, de manera que fácilmente cada uno ponga a disposición las cosas según la necesidad de los demás”[4]. Esta posición se mantiene hasta la época moderna, pero también aquella que defiende la propiedad privada como un derecho humano.
Toda esa doctrina se vino insistiendo desde los primeros padres, sin embargo, durante el capitalismo (s. XVIII y XIX) la Iglesia ignoró la explotación del proletariado y la injustita social que había a favor del progreso económico. Lo cuestionante es que los moralistas ni siquiera se manifestaban por el salario justo. Sólo alguno que otro, como Marres (1889) que se atreve a hablar de salario familiar, pero no como exigencia de justicia. Durante el s. XIX en Francia levantará su voz Lamennais, pero en Roma el pontífice, Gregorio XVI había desatendido el problema. Lo que sí se hizo fue pronunciarse en contra del socialismo. Esto lo hizo León XIII, al decir en su encíclica Quot apostolici muneris (1878) que la Iglesia reconoce “en la posesión de los bienes la desigualdad entre los hombres, debida a fuerzas físicas y aptitudes de ingenio naturalmente diversas, y quiere que el derecho ala propiedad y dominio, que deriva de la misma naturaleza, quede intacto e inviolado para todos”[5]. Pero lo cierto de todo esto era que el Vaticano buscaba proteger sus propios intereses y de esa forma “se negaba a cualquier crítica seria de las estructuras del capitalismo y del latifundio imperantes”[6]. Lo único que sugería era la limosna y el consuelo religioso. Lo que no sería bien visto si lo evaluamos desde la cosmovisión del evangelio.
Tal vez no habían caído en la cuenta de que los católicos tienen la misma libertad y la misma responsabilidad personal que los no católicos en sus opciones sociales y políticas, y en su compromiso histórico. Tal vez el peor de los errores fue que todos (o casi todos) los católicos tenían la idea de que el papa tenía la última razón y que había que obedecerle aunque se decrete doctrinas que no favorezcan la dignidad de las personas. Tal vez puede haber razón en ciertos aspectos, pero no en aquellos cuyas pronunciaciones en vez de liberar a las personas las mantiene sumisas frente a la crueldad y la opresión de los poderosos. Si hubo que hablar con la verdad del evangelio se debía proceder con la misma, ya que “la verdad os hará libres”. Se hablaba también de una ley moral natural, sin embargo, hay que tener en cuenta que esta ley no es revelada, “sino que se manifiesta en lo hondo de la conciencia y es una voz de Dios que resuena llegado el caso a los oídos del hombre, y éste tiene que buscar la verdad para resolver verdaderamente tantos problemas morales como se plantean tanto en la vida de los individuos como en la comunidad social (GS 16)”[7].
Recién en 1891, podemos decir que el pontífice, específicamente León XIII, demuestra ya algo de compromiso social en su encíclica Rerum novarum. Sin embargo, pierde mérito por el hecho de que se proclama con un tiempo de retraso respecto al Manifiesto comunista. Uno de los puntos en los que insiste la encíclica es de que “la propiedad privada es un derecho natural que el hombre tiene por ser inteligente, capaz de previsión y providencia respecto al futuro”[8]. Como vemos, esta doctrina no es sino una contestación a la doctrina de Marx y de Engels. Tal vez, el error está en que se sigue interpretando la “tradicional” postura según la cual se afirma el dominio del hombre sobre las cosas, sean éstas sociales o individuales, siempre a favor de la propiedad privada.
Sin embargo, si tenemos que ver en qué es importante dicha encíclica, y en qué favoreció a los desfavorecidos, podemos atinar que fue la exigencia del “salario suficiente para la sustentación de un obrero (que debe ser personal y necesario) y la proclamación del derecho de los obreros a la libertad de asociación (para organizar sindicatos), que incluye la autonomía de las mismas”[9]. Todo esto se puede decir que fue un avance por parte de la Iglesia en cuanto a su compromiso social; sin embargo, Pío X, en 1905 con su encíclica Il fermo proposito reduce la acción social a la acción católica, lo cual demuestra un retroceso con el compromiso social. Recién Pío XI retomará el tema de León XIII en su encíclica Quadragesimo anno en 1931. Luego, será su sucesor Pío XII con quien la doctrina social se vuelve a conectar con la tradición patrística y medieval, lo cual significa la recuperación del sentido evangélico del compromiso con los derechos de las gentes.
Será Juan XXIII quien representa un gran avance de compromiso social en sus encíclicas. Así, por ejemplo en Mater et magistra (1961) admite la propiedad privada, pero también la propiedad pública. Luego, en Pacem in terris (1963) habla “de los derechos del hombre y de los derechos políticos fundamentales de orden interno e internacional”[10]. Es tal vez la encíclica más importante de los pontífices de la modernidad. Pero sin olvidar la importancia de la Gaudium et spes y de la Dignitatis humanae (1965). En ellas se resalta el derecho a la libertad religiosa y el derecho de la persona humana frente a la sociedad, pero sobre todo resalta los derechos humanos, económicos, sociales y políticos, sin distinción alguna de personas. De estos documentos, la Gaudium et spes es retomada por Pablo VI en su encíclica Populorum progressio (1967).
El último de los pontífices, cuyas encíclicas demuestran compromiso al derecho, la libertad y la dignidad de las gentes, será Juan Pablo II. Así, por ejemplo, en Laborem exercens (1981) proclama que “en el trabajo se revela el carácter radicalmente solidario del ser personal del hombre”[11]. Luego, en Sollicitudo rei socialis (1987) habla de que la dignidad del hombre debe ser respetada y promovida. Y el último documento de compromiso social será la Centesimus annus (1991). Aquí, lo que hace el pontífice es conmemorar la Rerum novarum de León XIII, pero no hay novedad alguna en cien años. Sólo absolutiza la Rerum novarum y vuelve a retomar el concepto de propiedad privada de Lechón XIII, y para nada considera las matizaciones de Vaticano II respecto al tema. Todos estos documentos ayudaron a la liberación del hombre y a la conquista de sus derechos, sin embargo “la norma suprema para el cristiano es el evangelio y el seguimiento a Jesús”[12] y todos estos documentos son sólo ayudas de acercamiento al verdadero espíritu evangélico.
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